Violencia edilicia y estoicismo proletario (I)

9506Chiring.Castelld199Como parte de mi interés en documentar la transformación urbana de Barcelona, en la que llevaba trabajando desde octubre de 1987, un día de junio de 1995 me dirigí a Castelldefels playa porque había leído que estaban derribando las casetas, o chiringuitos, que se encontraban a pie de playa porque iban contra la Ley de Costas de 1988. Aprobada un año más tarde, en sustitución de la anterior de 1969, su misión era proteger el litoral de acuerdo con la normativa impuesta por la Unión Europea a todos sus miembros e imponía una servidumbre de protección de 100 metros, lo que obligaba a eliminar todos los asentamientos de lo que se consideraba dominio público. Como sucediera con los chiringuitos de la Barceloneta unos años antes, los de Castelldefels debían, literalmente, desaparecer del mapa.

Pero, si en Barcelona los chiringuitos eran establecimientos de restauración o clubes de natación, en Castelldefels estos cumplían la función de vivienda ocasional. Si se podía hablar de propietarios es porque la indiferencia de la clase política en el franquismo permitió que esas infraviviendas proliferasen, se conservasen e incluso se traspasasen (como sucedía con las llamadas “barracas” levantadas en numerosos barrios dentros de Barcelona y que también se derribaron para las Olimpiadas del 92). Ignoro quién ni cuándo inició esa ocupación de la primera línea de playa ni por qué la desdeñó la alta burguesía barcelonesa que edificaba amplulosas mansiones de veraneo en la cercana Sitges. Lo cierto es que una gran parte del frente litoral barcelonés estaba ocupado por casetas que se llenaban de vida en los largos meses de verano y que reproducían una vida de pueblo o de barrio popular que reflejaba las costumbres de sus ocupantes, obreros emigrados en su mayoría, que se sentían muy felices de abandonar la capital y pasar el día en bañador, como otros más pudientes hacían en los cámpings cercanos.

Desde fuera se veía que la superficie destinada a vivienda era escasa en la mayoría de casetas, ya que su uso estacionalhacía más interesante una terraza orientada al mar, con un porche que diera sombra o resguardase de los inesperados chubascos de verano, que varios cuartos que se volvían gélidos a partir del otoño. Saltaba a la vista que eran de autoconstrucción, nada raro considerando la cantidad de obreros de la construcción asentados en Cataluña en las décadas anteriores, y que poco a poco se habían incorporando mejoras estructurales y estéticas que respondían a la tendencia del desarrollismo de extender al pueblo llano las aspiraciones de la clase media.

Cuando me detuve a hacer la foto de la pareja sentada en su terraza, escuché con total claridad que el hombre leía en voz alta a su señora una noticia del periódico del día. Un matrimonio estadounidense se había sometido a una fecundación in vitro que había dado como fruto un niño perfectamente sano, pero… negro. Como la mujer juraba y perjuraba que ella no había sido infiel a su marido, se hicieron las pruebas de ADN al recién nacido para descubrir, con profundo rubor por parte del equipo médico, que la señora había sido fecundada con el esperma de otro hombre. Creo que esa noticia alcanzó la sublime categoría de anécdota hasta el punto que otras fuentes divulgaban que el “error” se debía a no haber limpiado bien las probetas… En fin, nuestra alcurnia científica no nos permitía más que regocijarnos con los errores de las primeras potencias. Acabada la lectura, el caballero sentenció: “Si no puedes tener hijos, ¡te aguantas!”, que ella inmediatamente refrendó con un no menos convencido “¡Pues claro!”, indicio de los muchos años de compenetrado matrimonio que debían de compartir. Al escuchar la noticia y sus comentarios, recuerdo sentir para mis adentros que compartía absolutamente la opinión de la madura pareja, a los que imaginaba también sin hijos y conformes con su suerte. Si la naturaleza no te concede algo, no te dediques a forzarla llevando a la aberración tu capricho, parecían decir desde esa terraza abierta al mar casi siempre sereno de la costa del Garraf. Como la mayoría de los que se criaron en la posguerra, estaban acostumbrados a equiparar el aguantar lo que les viniera encima con salir adelante, a no luchar por lo inasequible y a hacer virtud del estoicismo, como el pez que sabe en qué aguas medrar y en cuáles al pez gordo le basta con apuntar su sombra para provocar una enloquecida dispersión del hasta entonces armonioso cardumen.

No sé de cuántos ingredientes está compuesto el estoicismo de las clases populares españolas, pero sí que uno de ellos es el fatalismo, la noción profundamente arraigada de que todo puede ir a peor antes aún de haber alcanzado la esquina desde la que se avista lo bueno,  y que un cielo despejado es más amenazador que uno cargado de nubarrones. Saber que los palos llegarán por cualquier lado y en cualquier momento forja un carácter y una manera de enfrentarse a la vida que a algunos hoy les parece un intolerable conformismo, de tanto que nos hemos imbuido de manuales de autoayuda para cambiar nuestro destino. Pero conjugar derrotismo y dignidad no está al alcance de cualquiera: el futuro no puede arruinarnos el presente y sus urgencias son las que marcan el camino.

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Esa necesidad de resolver lo cotidiano sin demasiado tiempo para mirar hacia atrás es una ventaja para los poderosos, sean personas o instituciones, que la aprovechan para incumplir sus obligaciones o demorarlas, escudados en oscuros procesos de tramitación o acuerdos con condiciones que ofenden la inteligencia y la moral de los afectados, y de cualquiera con un mínimo de sensibilidad social. En los 30 años que vengo siguiendo este proceso de transformación y desmantelamiento de la cultura y vida populares en todo el territorio español (sé que también se produce en el resto del mundo occidental) me he encontrado en repetidas ocasiones haciendo fotografías de espacios que parecían el escenario de una catástrofe. La secuencia habitual empieza con el rumor de un cambio inminente, pero que tarda en definirse; después se establecen los términos de la expropiación por el bien general y las compensaciones fijadas, que suelen ser decepcionantes para los residentes habituales, tanto si son propietarios como inquilinos. Hay quienes las aceptan sin poner pegas porque el cambio ni les mejora ni les empeora la vida y no se paran a analizar el efecto sobre el conjunto, pero hay otros que no solamente piden un mayor porcentaje de compensación en función de la superficie ocupada y la inversión hecha sino que manifiestan una clara rebeldía ante la autoridad, por la que muestran una casi genética desconfianza. Estos se enzarzarán en denuncias y querellas si hace falta y muchas veces perderán el tiempo discutiendo por aquello que en el fondo no les perjudica, pero cada discusión será como un resarcimiento por agravios pasados y futuros, cada mueca de disgusto en la cara del funcionario o del representante del poder una pequeña victoria y, cuando se vayan, como todos, creerán haber vencido al Poder en su conjunto.

Y después están los que se quedan hasta el final, los que resisten porque no saben hacer otra cosa o porque permanecen varados como en un barco embarrancado a la espera de que los trámites se desencallen y llegue el papel que es tanto condena como liberación. Estos, cuando se les pregunta cuándo se irán de allí o cuándo se demolerán sus casas, contestan sin aspavientos y siempre en plural: “No lo sabemos” o “No nos dicen nada.” Dibujarán un panorama desordenado de supuestos expertos y representantes que deberían saber y no saben, que anuncian fechas a la vez que dan largas. Se crean expectativas donde realmente no había ningún deseo de cambio y al final el desahuciado desea que se ejecute la sentencia para morir de algo mejor que de aburrimiento.

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Mientras eso sucede, el entorno se deteriora y se embrutece, aparecen agujeros y los escombros se amontonan delante de puertas cerradas con llave o candado. Los cúmulos de ladrillos y de madera podrida que asoman por las paredes abiertas nos obligan a pensar en un cuerpo despanzurrado con los intestinos esparcidos y en que así se vería un cuerpo asesinado a pleno sol. Atraídos por el olor de la muerte, aparecen moscas y moscones, como esta fotógrafa, curiosos por el proceso de tránsito, y especialmente por ese momento clave en el que lo que ha sido y lo que va a ser están en juego. No es posible volver atrás porque la destrucción está muy avanzada, pero tampoco se vislumbra nada del proyecto que la ha propiciado. Cualquier cosa podría suceder en los despachos para que las obras se paralicen (sucedió en el Auditorio de Barcelona, proyectado para 1992 y terminado en 1999) y la transición amenace con no producirse.

Es un tipo de violencia edilicia en la que los poderes públicos incurren reiteradamente y las causas son tantas que merecerían un trabajo de investigación para el que carezco de medios y tiempo, pero no es difícil concluir que los ciudadanos de rentas bajas no les merecen el mismo respeto que los que erigen mansiones en dominio público sin ni siquiera respetar la servidumbre de tránsito. Los efectos de esta violencia se repiten de proyecto en proyecto, como he podido documentar en las distintas fases de cambio urbano, pero ahora los afectados ya no permanecen quietos ni callados ante ese continuo expolio de sus formas de vida. Ahora se saben muchos y buscan aliados en víctimas pasadas y probables para construir resistencias y exigir el resarcimiento de los daños, acudiendo si cabe a instancias superiores.

Para demostrar la diferente vara de medir de las instituciones al servicio de los poderes económicos, solo hay que citar que la Ley de Costas de 2013 modifica la distancia que establece la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, ni más ni menos. Así, muchos de los chalets que se asoman al mar por toda la Costa Brava, Mallorca, el Cabo de Gata y otras preciadas zonas del litoral español se salvan del derribo, cuando no es que se vuelve a repetir el abuso con la esperanza de que la política de hechos consumados y los  enormes gastos judiciales ralenticen el proceso hasta evitarles la piqueta. De poco sirve que la ley falle en contra de los propietarios cuyas fincas se encuentran dentro del dominio público si la parte afectada, o sea el Estado, no resuelve que se ejecute con la misma perentoriedad que cuando la ocupación la realizan modestos ciudadanos.

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Resistiré
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